13 de agosto de 2007

Nuestro Pequeño Aporte

Diversas organizaciones del tercer sector -algunas amigas, otras "buenas conocidas"- nos hicieron llegar una solicitada al recién electo jefe de gobierno "Don Mauricio" (que es Macri) sobre el problema de los desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como no creemos que "va a estar bueno buenos aires", queremos aportar a esta importante iniciativa con nuestro granito ("bloggito", bah).
Saludos



CARTA ABIERTA AL JEFE DE GOBIERNO ELECTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES


Ante las reiteradas declaraciones efectuadas por el electo Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, vinculadas a la erradicación forzosa de la Villa 31-31 bis de Retiro, los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por los anticipados proyectos y programas gubernamentales a desarrollarse allí. Asimismo, exigimos la ineludible participación de los vecinos afectados en la planificación y en la ejecución de estos eventuales proyectos, cualquiera sea su carácter.

En numerosas ocasiones, la Villa 31-31 bis de Retiro fue denominada por el electo jefe de gobierno como “asentamiento”. Sin embargo, esto en modo alguno puede ser reputado como cierto. La Villa de Retiro es una de las primeras de la Ciudad de Buenos Aires. Nació en la década del ‘30 y en estos 70 años de historia resistió violentos intentos de desalojo que llegaron hasta su casi plena erradicación durante la última dictadura militar. Luego de años de lucha por su derecho a permanecer en la ciudad, bajo la presidencia de Carlos Menem se dictó el Decreto Nº 1001 en el año 1990, que reconoce el derecho a edificar y vivir en la villa a cientos de familias que la habitan desde hace décadas. En síntesis, se trata de un barrio con una antigüedad y una historia tal que en modo alguno ameritan ser calificadas como “asentamiento”, ya que dicha categoría conlleva una precariedad legal que esta villa no padece.

Se estima que en la Villa 31-31 bis habitan hoy en día unas 25.000 personas, muchas de las cuales han nacido, crecido y criado a sus hijos allí. Todas ellas, como se menciona en el párrafo anterior, han sabido defender y luchar por conservar su lugar de residencia y consecuentemente se han convertido en titulares de un derecho esencial de todo ser humano, el derecho a la vivienda digna y adecuada, que tal como fuera caracterizado por diversos organismos internacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comisión de Derechos Humanos, Asamblea General de la ONU, Relator Especial para el Derecho a la Vivienda) incluye el derecho a la regularización y urbanización de las villas. El mismo, entre otros instrumentos nacionales e internacionales, se encuentra tutelado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y muy claramente por la Constitución de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta última reconoce expresamente el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, al tiempo que promociona una resolución progresiva del déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. La Constitución local también promueve la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.

A la luz del paradigma reinante de los derechos humanos y principalmente de la Constitución de la Ciudad, resulta sumamente claro entonces, que el derecho fundamental a la vivienda adecuada y digna, así como el acceso a servicios públicos y a la calidad de vida, entre otros, no pueden ser obviados en ningún proceso que involucre la zona de residencia en la que los vecinos de la Villa 31-31bis de Retiro han construido colectivamente durante tantos años un hábitat propio.

La ejecución de futuras políticas públicas, no puede desconocer el efectivo goce de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de las villas. Asimismo, el Estado debe apuntar a la regularización de las tierras y a la urbanización integradora. Corresponde recordar que, lo anterior no lo exime de la responsabilidad de brindar o proveer en todo momento y hasta que ello suceda, de los bienes y servicios básicos que hacen a la propia supervivencia de quienes las habitan y que se encuentran a la vez, -en términos económicos- en una posición más desaventajada. Sobre este punto, existen indelegables obligaciones estatales que no pueden ser pasadas por alto, ni por el actual ni por el futuro jefe de gobierno de esta ciudad. En este sentido, cabe afirmar que la política de suprimir derechos y cercenar la asistencia, para forzar determinadas acciones –como el desalojo de las familias del lugar-, resulta violatoria de la ley, además de ser moralmente reprochable.

El respeto por los derechos constitucionales de los vecinos y vecinas que residen en la Villa 31-31 bis, adquirido por el transcurso del tiempo y por el reconocimiento que de ellos han hecho los sucesivos gobiernos y distintos poderes del Estado, resulta una obligación imposible de soslayar por el Gobierno de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De igual modo, en un sistema democrático, resulta imperativa la participación de la ciudadanía -en particular de la principal afectada, los habitantes de las villas-, en la elaboración y la ejecución de las políticas públicas. En ese sentido, la participación debe ser promovida desde el mismo momento en que se elaboran las políticas públicas que los afectan, y no con las decisiones trascendentales resueltas con anticipación y a espaldas de la ciudadanía. En democracia, concurre la necesaria y obligada posición del gobierno de priorizar los intereses de los ciudadanos, por lo tanto no existe posibilidad de diagramar planes y estrategias que no se vinculen a la participación directa de los interesados, en este caso quienes residen en la Villa 31-31 bis.


Por lo expuesto los abajo firmantes:
- Solicitamos al electo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometa a no diseñar ni ejecutar proyecto alguno que involucre a los terrenos en donde se asientan las villas 31 y 31 bis sin la necesaria participación de los vecinos y vecinas que las habitan
- Recordamos la existencia derechos fundamentales –reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que no pueden ser soslayados por el gobierno de esta ciudad al momento de diseñar y ejecutar las políticas públicas hacia las villas 31 y 31 bis.


ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
ADDUC – Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores
AGRUPACION LUCIA CULLEN
AGRUPACIÓN LA DIGNIDAD REBELDE
APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
ASOCIACION CIVIL MADRE TIERRA
CAREF - Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Refugiados y Migrantes
CASA DE LA MUJER DE ROSARIO
CATEDRA ROBERTO GARGARELLA (FACULTAD DE DERECHO-UBA) CATEDRA FERNANDEZ CASTRO (FACULTAD DE ARQUITECTURA-UBA)
CÁTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS-UBA)
CEJUBA – Centro de Justicia Básica
CENTRO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO URBANO -MAR DEL PLATA
CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS
CENTRO NUEVA TIERRA
CISALP – Centro de Investigaciones Sociales y Asesorías Legales Populares
COHRE – Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos
CTA (CAPITAL) – Central de Trabajadores Argentinos
DEUCO – Defensa de Usuarios y Consumidores
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
FORO SOCIAL POR LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DE BUENOS AIRES
GRUPO NACIONAL DE CURAS EN LA OPCIÓN POR LOS POBRES
IIED-AL – Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo
INFOHABITAT ICO-Universidad Nacional de General Sarmiento
INSTITUTO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO HUMANO INCLUIR ASOCIACIÓN CIVIL
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS
MADRES DE PLAZA DE MAYO (LÍNEA FUNDADORA)
SEDECA – Secretariado de Comunidades Autogestionarias
SERPAJ – Servicio Paz y Justicia
UNION DE USUARIOS

Los siguientes docentes universitarios: Cristina Adrover, Norberto Alayón, Agustín Campero, Andrea C. Catenazzi, Gabriela Cauduro, María Cristina Cravino, Beatriz Cuenya, Rubén Dri, Leticia Ellena, Leonardo Fernández, Alfredo Grande, Rafael González, Carlos Enrique Dorio, Mariela Maidana, Patricia Monsalve, Rosalía Mora, Lucas Rozenmacher, Fernando Ostuni, Eduardo Reese, Maria Elena Rubio, Andrea Testori, Omar David Varela, siguen las firmas…

2 comentarios:

Dr. S dijo...

Dr. Dupín: Me gustaría conocer su opinion sobre el acercamiento de Carrió y Lopez Murphy y la reacción que esto generó, sobre todo, en el ARI.

Muy buenos sus artículos!!

SkyNet silverstar dijo...

Un docente ante inequidades tendria que ser el que provea luz para encaminar las acciones de los politicos, no promover sombras.
Y por nada del mundo ensuciar sus vestimentas con colores politicos.
En un pais serio se les pediria el alejamiento del claustro.
Ya que el educando no debe ser violentado con consignas politicas por el grado de poder que ejerce el educador siendo visto como un abuso.




Saludos cordiales
Martin Piazza