8 de octubre de 2010
El amor. Por Rímini
"Pero para ellos el amor era el orden superior. Rímini se lo imaginaba como un lugar pequeño y muy calefaccionado, tapizado de alfombras, con las paredes recubiertas de libros, donde los estremecimientos del mundo solo entraban traducidos al dialecto mullido que era la lengua local..."
19 de noviembre de 2007
A Raíz del post de Gargarella
Considerando que en el blog de RG se ha generado un fuerte e interesante debate sobre pornografía y Libertad de Expresión.
Volvemos a poner este post que subimos hace unos meses, para sumar los que no lo vieron y no pudieron sumar a la discusión.
Saludos.
Volvemos a poner este post que subimos hace unos meses, para sumar los que no lo vieron y no pudieron sumar a la discusión.
Saludos.
29 de octubre de 2007
Cita en contra de su voluntad
El silencio del blog se rompe para felicitar a mi compañero de Blog. Felicitaciones Dupin.
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a de octubre de dos mil siete, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, Kogan, Hitters, de Lázzari, Domínguez, Natiello, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo extraordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 69.396, "Molina, Mariano Gabriel. Impugnación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
A N T E C E D E N T E S
De esta manera debemos declarar que el valor de la democracia radica en un proceso deliberativo que se da en un marco de respeto y tolerancia, como también debemos afirmar que existe una conexión sustancial entre lo que racionalmente se decide según la opinión generalizada y lo que es éticamente correcto, o en otras palabras, entre la regla de la mayoría y las razones morales. (Cfr. Rosenkrantz, "La teoría de la democracia epistémica revisada", en "Democracia deliberativa y derechos humanos", Harold Koch y Ronald Slye compiladores, Gedisa, 1999, citado por Federico Orlando, "Las paradojas de la democracia: excluyendo voces del proceso deliberativo", Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 7, nº 2).
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a de octubre de dos mil siete, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, Kogan, Hitters, de Lázzari, Domínguez, Natiello, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo extraordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 69.396, "Molina, Mariano Gabriel. Impugnación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
A N T E C E D E N T E S
De esta manera debemos declarar que el valor de la democracia radica en un proceso deliberativo que se da en un marco de respeto y tolerancia, como también debemos afirmar que existe una conexión sustancial entre lo que racionalmente se decide según la opinión generalizada y lo que es éticamente correcto, o en otras palabras, entre la regla de la mayoría y las razones morales. (Cfr. Rosenkrantz, "La teoría de la democracia epistémica revisada", en "Democracia deliberativa y derechos humanos", Harold Koch y Ronald Slye compiladores, Gedisa, 1999, citado por Federico Orlando, "Las paradojas de la democracia: excluyendo voces del proceso deliberativo", Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 7, nº 2).
20 de septiembre de 2007
De Presupuestos y Sordos
El 19 de septiembre, el actual Ministro de Economía, Miguel Peirano, concurrió a la Cámara de Diputados de la Nación para presentar el proyecto de Presupuesto del año 2008.
Las críticas a esta presentación provenientes de todo el arco opositor rondaron, en su mayoría, sobre la base del contenido sustantivo. Sin embargo, nos interesa llamar la atención sobre la decisión política (difícilmente pueda ser tildada de mera “actitud”) de no aceptar preguntas al Sr. Ministro.
La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 8 establece que, entre las competencias del Congreso, se encuentra la de “fijar anualmente (...) el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional”. Así, el diseño institucional pensado por nuestra Constitución es consistente con discusiones históricas respecto a la importancia de que el diseño del presupuesto emane del órgano mayoritario por excelencia. Es decir, si una de las funciones principales del Congreso de la Nación es el control, la otra es el diseño de políticas públicas, siendo para ello sustancial la producción del proyecto de presupuesto que regirá el país.
Lo llamativo de todo esto es la negativa a aceptar todo tipo de diálogo intrapoderes e intrapartidario. La (genuina) democracia constitucional, en su dimensión democrática, exige una constante y robusta deliberación entre los poderes que la conforman. Es preocupante, entonces, la negación del actual gobierno a aceptar siquiera preguntas o cuestionamientos por parte de TODO el arco opositor contenido en el Congreso de la Nación. Y este comentario omite hacer valoración alguna sobre el contenido de los cuestionamientos. El punto es la mera posibilidad de realizarlo.
Pero todavía más llamativa ha sido la respuesta del presidente del bloque de diputados del oficialismo, Agustín Rossi, quien ante estas críticas contestó que “desde el año 2000 se sigue esta modalidad” y que el proyecto –de presupuesto, claro- “será debatido en la Comisión de Presupuesto, donde los diputados podrán plantear las inquietudes”. Ante el primer “argumento” de Rossi uno podría preguntarse si del mero hecho de que esta práctica –disvaliosa, por cierto- se sostenga en el tiempo se puede derivar la consecuencia de que esto deba ser así.
A lo segundo, podríamos contestar varias cosas. En primer lugar Rossi minimiza la importancia del diálogo cuando de lo que se trata es, nada mas y nada menos, el diseño del presupuesto que regirá para el país. Cuando de estas cuestiones se trata, parecería ser que la regla es el robustecimiento del debate incluyendo voces en el mismo. Por lo tanto que existan ciertas preguntas al ministro de economía nada dice sobre la posterior discusión del presupuesto en el órgano constitucionalmente pensado para ello. Pero este gobierno sí es consistente en algo: en convertir la regla en excepción y la excepción en regla En tercer lugar, una genuina defensa de una democracia constitucional impone la obligación a nuestros funcionarios de brindar toda la información relevante a la ciudadanía: ¿cuán deseable hubiese sido escuchar a nuestro Ministro de Economía dando razones de porque éste es el mejor presupuesto posible?.
¿Estaremos –con Castel y Caro- demasiado pretenciosos?
Las críticas a esta presentación provenientes de todo el arco opositor rondaron, en su mayoría, sobre la base del contenido sustantivo. Sin embargo, nos interesa llamar la atención sobre la decisión política (difícilmente pueda ser tildada de mera “actitud”) de no aceptar preguntas al Sr. Ministro.
La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 8 establece que, entre las competencias del Congreso, se encuentra la de “fijar anualmente (...) el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional”. Así, el diseño institucional pensado por nuestra Constitución es consistente con discusiones históricas respecto a la importancia de que el diseño del presupuesto emane del órgano mayoritario por excelencia. Es decir, si una de las funciones principales del Congreso de la Nación es el control, la otra es el diseño de políticas públicas, siendo para ello sustancial la producción del proyecto de presupuesto que regirá el país.
Lo llamativo de todo esto es la negativa a aceptar todo tipo de diálogo intrapoderes e intrapartidario. La (genuina) democracia constitucional, en su dimensión democrática, exige una constante y robusta deliberación entre los poderes que la conforman. Es preocupante, entonces, la negación del actual gobierno a aceptar siquiera preguntas o cuestionamientos por parte de TODO el arco opositor contenido en el Congreso de la Nación. Y este comentario omite hacer valoración alguna sobre el contenido de los cuestionamientos. El punto es la mera posibilidad de realizarlo.
Pero todavía más llamativa ha sido la respuesta del presidente del bloque de diputados del oficialismo, Agustín Rossi, quien ante estas críticas contestó que “desde el año 2000 se sigue esta modalidad” y que el proyecto –de presupuesto, claro- “será debatido en la Comisión de Presupuesto, donde los diputados podrán plantear las inquietudes”. Ante el primer “argumento” de Rossi uno podría preguntarse si del mero hecho de que esta práctica –disvaliosa, por cierto- se sostenga en el tiempo se puede derivar la consecuencia de que esto deba ser así.
A lo segundo, podríamos contestar varias cosas. En primer lugar Rossi minimiza la importancia del diálogo cuando de lo que se trata es, nada mas y nada menos, el diseño del presupuesto que regirá para el país. Cuando de estas cuestiones se trata, parecería ser que la regla es el robustecimiento del debate incluyendo voces en el mismo. Por lo tanto que existan ciertas preguntas al ministro de economía nada dice sobre la posterior discusión del presupuesto en el órgano constitucionalmente pensado para ello. Pero este gobierno sí es consistente en algo: en convertir la regla en excepción y la excepción en regla En tercer lugar, una genuina defensa de una democracia constitucional impone la obligación a nuestros funcionarios de brindar toda la información relevante a la ciudadanía: ¿cuán deseable hubiese sido escuchar a nuestro Ministro de Economía dando razones de porque éste es el mejor presupuesto posible?.
¿Estaremos –con Castel y Caro- demasiado pretenciosos?
13 de agosto de 2007
Nuestro Pequeño Aporte
Diversas organizaciones del tercer sector -algunas amigas, otras "buenas conocidas"- nos hicieron llegar una solicitada al recién electo jefe de gobierno "Don Mauricio" (que es Macri) sobre el problema de los desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como no creemos que "va a estar bueno buenos aires", queremos aportar a esta importante iniciativa con nuestro granito ("bloggito", bah).
Saludos
CARTA ABIERTA AL JEFE DE GOBIERNO ELECTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ante las reiteradas declaraciones efectuadas por el electo Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, vinculadas a la erradicación forzosa de la Villa 31-31 bis de Retiro, los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por los anticipados proyectos y programas gubernamentales a desarrollarse allí. Asimismo, exigimos la ineludible participación de los vecinos afectados en la planificación y en la ejecución de estos eventuales proyectos, cualquiera sea su carácter.
En numerosas ocasiones, la Villa 31-31 bis de Retiro fue denominada por el electo jefe de gobierno como “asentamiento”. Sin embargo, esto en modo alguno puede ser reputado como cierto. La Villa de Retiro es una de las primeras de la Ciudad de Buenos Aires. Nació en la década del ‘30 y en estos 70 años de historia resistió violentos intentos de desalojo que llegaron hasta su casi plena erradicación durante la última dictadura militar. Luego de años de lucha por su derecho a permanecer en la ciudad, bajo la presidencia de Carlos Menem se dictó el Decreto Nº 1001 en el año 1990, que reconoce el derecho a edificar y vivir en la villa a cientos de familias que la habitan desde hace décadas. En síntesis, se trata de un barrio con una antigüedad y una historia tal que en modo alguno ameritan ser calificadas como “asentamiento”, ya que dicha categoría conlleva una precariedad legal que esta villa no padece.
Se estima que en la Villa 31-31 bis habitan hoy en día unas 25.000 personas, muchas de las cuales han nacido, crecido y criado a sus hijos allí. Todas ellas, como se menciona en el párrafo anterior, han sabido defender y luchar por conservar su lugar de residencia y consecuentemente se han convertido en titulares de un derecho esencial de todo ser humano, el derecho a la vivienda digna y adecuada, que tal como fuera caracterizado por diversos organismos internacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comisión de Derechos Humanos, Asamblea General de la ONU, Relator Especial para el Derecho a la Vivienda) incluye el derecho a la regularización y urbanización de las villas. El mismo, entre otros instrumentos nacionales e internacionales, se encuentra tutelado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y muy claramente por la Constitución de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta última reconoce expresamente el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, al tiempo que promociona una resolución progresiva del déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. La Constitución local también promueve la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.
A la luz del paradigma reinante de los derechos humanos y principalmente de la Constitución de la Ciudad, resulta sumamente claro entonces, que el derecho fundamental a la vivienda adecuada y digna, así como el acceso a servicios públicos y a la calidad de vida, entre otros, no pueden ser obviados en ningún proceso que involucre la zona de residencia en la que los vecinos de la Villa 31-31bis de Retiro han construido colectivamente durante tantos años un hábitat propio.
La ejecución de futuras políticas públicas, no puede desconocer el efectivo goce de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de las villas. Asimismo, el Estado debe apuntar a la regularización de las tierras y a la urbanización integradora. Corresponde recordar que, lo anterior no lo exime de la responsabilidad de brindar o proveer en todo momento y hasta que ello suceda, de los bienes y servicios básicos que hacen a la propia supervivencia de quienes las habitan y que se encuentran a la vez, -en términos económicos- en una posición más desaventajada. Sobre este punto, existen indelegables obligaciones estatales que no pueden ser pasadas por alto, ni por el actual ni por el futuro jefe de gobierno de esta ciudad. En este sentido, cabe afirmar que la política de suprimir derechos y cercenar la asistencia, para forzar determinadas acciones –como el desalojo de las familias del lugar-, resulta violatoria de la ley, además de ser moralmente reprochable.
El respeto por los derechos constitucionales de los vecinos y vecinas que residen en la Villa 31-31 bis, adquirido por el transcurso del tiempo y por el reconocimiento que de ellos han hecho los sucesivos gobiernos y distintos poderes del Estado, resulta una obligación imposible de soslayar por el Gobierno de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De igual modo, en un sistema democrático, resulta imperativa la participación de la ciudadanía -en particular de la principal afectada, los habitantes de las villas-, en la elaboración y la ejecución de las políticas públicas. En ese sentido, la participación debe ser promovida desde el mismo momento en que se elaboran las políticas públicas que los afectan, y no con las decisiones trascendentales resueltas con anticipación y a espaldas de la ciudadanía. En democracia, concurre la necesaria y obligada posición del gobierno de priorizar los intereses de los ciudadanos, por lo tanto no existe posibilidad de diagramar planes y estrategias que no se vinculen a la participación directa de los interesados, en este caso quienes residen en la Villa 31-31 bis.
Por lo expuesto los abajo firmantes:
- Solicitamos al electo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometa a no diseñar ni ejecutar proyecto alguno que involucre a los terrenos en donde se asientan las villas 31 y 31 bis sin la necesaria participación de los vecinos y vecinas que las habitan
- Recordamos la existencia derechos fundamentales –reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que no pueden ser soslayados por el gobierno de esta ciudad al momento de diseñar y ejecutar las políticas públicas hacia las villas 31 y 31 bis.
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
ADDUC – Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores
AGRUPACION LUCIA CULLEN
AGRUPACIÓN LA DIGNIDAD REBELDE
APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
ASOCIACION CIVIL MADRE TIERRA
CAREF - Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Refugiados y Migrantes
CASA DE LA MUJER DE ROSARIO
CATEDRA ROBERTO GARGARELLA (FACULTAD DE DERECHO-UBA) CATEDRA FERNANDEZ CASTRO (FACULTAD DE ARQUITECTURA-UBA)
CÁTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS-UBA)
CEJUBA – Centro de Justicia Básica
CENTRO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO URBANO -MAR DEL PLATA
CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS
CENTRO NUEVA TIERRA
CISALP – Centro de Investigaciones Sociales y Asesorías Legales Populares
COHRE – Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos
CTA (CAPITAL) – Central de Trabajadores Argentinos
DEUCO – Defensa de Usuarios y Consumidores
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
FORO SOCIAL POR LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DE BUENOS AIRES
GRUPO NACIONAL DE CURAS EN LA OPCIÓN POR LOS POBRES
IIED-AL – Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo
INFOHABITAT ICO-Universidad Nacional de General Sarmiento
INSTITUTO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO HUMANO INCLUIR ASOCIACIÓN CIVIL
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS
MADRES DE PLAZA DE MAYO (LÍNEA FUNDADORA)
SEDECA – Secretariado de Comunidades Autogestionarias
SERPAJ – Servicio Paz y Justicia
UNION DE USUARIOS
Los siguientes docentes universitarios: Cristina Adrover, Norberto Alayón, Agustín Campero, Andrea C. Catenazzi, Gabriela Cauduro, María Cristina Cravino, Beatriz Cuenya, Rubén Dri, Leticia Ellena, Leonardo Fernández, Alfredo Grande, Rafael González, Carlos Enrique Dorio, Mariela Maidana, Patricia Monsalve, Rosalía Mora, Lucas Rozenmacher, Fernando Ostuni, Eduardo Reese, Maria Elena Rubio, Andrea Testori, Omar David Varela, siguen las firmas…
Saludos
CARTA ABIERTA AL JEFE DE GOBIERNO ELECTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ante las reiteradas declaraciones efectuadas por el electo Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, vinculadas a la erradicación forzosa de la Villa 31-31 bis de Retiro, los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por los anticipados proyectos y programas gubernamentales a desarrollarse allí. Asimismo, exigimos la ineludible participación de los vecinos afectados en la planificación y en la ejecución de estos eventuales proyectos, cualquiera sea su carácter.
En numerosas ocasiones, la Villa 31-31 bis de Retiro fue denominada por el electo jefe de gobierno como “asentamiento”. Sin embargo, esto en modo alguno puede ser reputado como cierto. La Villa de Retiro es una de las primeras de la Ciudad de Buenos Aires. Nació en la década del ‘30 y en estos 70 años de historia resistió violentos intentos de desalojo que llegaron hasta su casi plena erradicación durante la última dictadura militar. Luego de años de lucha por su derecho a permanecer en la ciudad, bajo la presidencia de Carlos Menem se dictó el Decreto Nº 1001 en el año 1990, que reconoce el derecho a edificar y vivir en la villa a cientos de familias que la habitan desde hace décadas. En síntesis, se trata de un barrio con una antigüedad y una historia tal que en modo alguno ameritan ser calificadas como “asentamiento”, ya que dicha categoría conlleva una precariedad legal que esta villa no padece.
Se estima que en la Villa 31-31 bis habitan hoy en día unas 25.000 personas, muchas de las cuales han nacido, crecido y criado a sus hijos allí. Todas ellas, como se menciona en el párrafo anterior, han sabido defender y luchar por conservar su lugar de residencia y consecuentemente se han convertido en titulares de un derecho esencial de todo ser humano, el derecho a la vivienda digna y adecuada, que tal como fuera caracterizado por diversos organismos internacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comisión de Derechos Humanos, Asamblea General de la ONU, Relator Especial para el Derecho a la Vivienda) incluye el derecho a la regularización y urbanización de las villas. El mismo, entre otros instrumentos nacionales e internacionales, se encuentra tutelado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y muy claramente por la Constitución de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta última reconoce expresamente el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, al tiempo que promociona una resolución progresiva del déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. La Constitución local también promueve la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.
A la luz del paradigma reinante de los derechos humanos y principalmente de la Constitución de la Ciudad, resulta sumamente claro entonces, que el derecho fundamental a la vivienda adecuada y digna, así como el acceso a servicios públicos y a la calidad de vida, entre otros, no pueden ser obviados en ningún proceso que involucre la zona de residencia en la que los vecinos de la Villa 31-31bis de Retiro han construido colectivamente durante tantos años un hábitat propio.
La ejecución de futuras políticas públicas, no puede desconocer el efectivo goce de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de las villas. Asimismo, el Estado debe apuntar a la regularización de las tierras y a la urbanización integradora. Corresponde recordar que, lo anterior no lo exime de la responsabilidad de brindar o proveer en todo momento y hasta que ello suceda, de los bienes y servicios básicos que hacen a la propia supervivencia de quienes las habitan y que se encuentran a la vez, -en términos económicos- en una posición más desaventajada. Sobre este punto, existen indelegables obligaciones estatales que no pueden ser pasadas por alto, ni por el actual ni por el futuro jefe de gobierno de esta ciudad. En este sentido, cabe afirmar que la política de suprimir derechos y cercenar la asistencia, para forzar determinadas acciones –como el desalojo de las familias del lugar-, resulta violatoria de la ley, además de ser moralmente reprochable.
El respeto por los derechos constitucionales de los vecinos y vecinas que residen en la Villa 31-31 bis, adquirido por el transcurso del tiempo y por el reconocimiento que de ellos han hecho los sucesivos gobiernos y distintos poderes del Estado, resulta una obligación imposible de soslayar por el Gobierno de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De igual modo, en un sistema democrático, resulta imperativa la participación de la ciudadanía -en particular de la principal afectada, los habitantes de las villas-, en la elaboración y la ejecución de las políticas públicas. En ese sentido, la participación debe ser promovida desde el mismo momento en que se elaboran las políticas públicas que los afectan, y no con las decisiones trascendentales resueltas con anticipación y a espaldas de la ciudadanía. En democracia, concurre la necesaria y obligada posición del gobierno de priorizar los intereses de los ciudadanos, por lo tanto no existe posibilidad de diagramar planes y estrategias que no se vinculen a la participación directa de los interesados, en este caso quienes residen en la Villa 31-31 bis.
Por lo expuesto los abajo firmantes:
- Solicitamos al electo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometa a no diseñar ni ejecutar proyecto alguno que involucre a los terrenos en donde se asientan las villas 31 y 31 bis sin la necesaria participación de los vecinos y vecinas que las habitan
- Recordamos la existencia derechos fundamentales –reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que no pueden ser soslayados por el gobierno de esta ciudad al momento de diseñar y ejecutar las políticas públicas hacia las villas 31 y 31 bis.
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
ADDUC – Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores
AGRUPACION LUCIA CULLEN
AGRUPACIÓN LA DIGNIDAD REBELDE
APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
ASOCIACION CIVIL MADRE TIERRA
CAREF - Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Refugiados y Migrantes
CASA DE LA MUJER DE ROSARIO
CATEDRA ROBERTO GARGARELLA (FACULTAD DE DERECHO-UBA) CATEDRA FERNANDEZ CASTRO (FACULTAD DE ARQUITECTURA-UBA)
CÁTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS-UBA)
CEJUBA – Centro de Justicia Básica
CENTRO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO URBANO -MAR DEL PLATA
CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS
CENTRO NUEVA TIERRA
CISALP – Centro de Investigaciones Sociales y Asesorías Legales Populares
COHRE – Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos
CTA (CAPITAL) – Central de Trabajadores Argentinos
DEUCO – Defensa de Usuarios y Consumidores
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
FORO SOCIAL POR LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DE BUENOS AIRES
GRUPO NACIONAL DE CURAS EN LA OPCIÓN POR LOS POBRES
IIED-AL – Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo
INFOHABITAT ICO-Universidad Nacional de General Sarmiento
INSTITUTO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO HUMANO INCLUIR ASOCIACIÓN CIVIL
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS
MADRES DE PLAZA DE MAYO (LÍNEA FUNDADORA)
SEDECA – Secretariado de Comunidades Autogestionarias
SERPAJ – Servicio Paz y Justicia
UNION DE USUARIOS
Los siguientes docentes universitarios: Cristina Adrover, Norberto Alayón, Agustín Campero, Andrea C. Catenazzi, Gabriela Cauduro, María Cristina Cravino, Beatriz Cuenya, Rubén Dri, Leticia Ellena, Leonardo Fernández, Alfredo Grande, Rafael González, Carlos Enrique Dorio, Mariela Maidana, Patricia Monsalve, Rosalía Mora, Lucas Rozenmacher, Fernando Ostuni, Eduardo Reese, Maria Elena Rubio, Andrea Testori, Omar David Varela, siguen las firmas…
1 de agosto de 2007
Cançado Trindade, ¿se trinca la democracia?
El comienzo de este blog tiene como raíz una discusión en un blog amigo:
Gustavo Arballo, hizo un excelente análisis sobre la Corte IDH y C lo comentó, sin poner su nombre pero Dupin, luego y sin saber que C se trataba de su próximo compañero bloguero también dejo su comentario. Al otro día, C, dice: “che, era yo el del Blog de Arballo”.
Bueno, esta anécdota nos trae a nuestro próximo post. El sistema Interamericano de Derechos humanos y la legitimación democrática.
El sistema Interamericano de Derechos Humanos fue y es un gran avance para el cumplimiento de los deberes estatales en los temas referidos a las violaciones de derechos humanos pero desde cierta parte de la academia se lo considera antidemocrático o en el mejor de los casos, con un déficit democrático.
La tensión que encuentran, los que llamaremos demócratas radicales, y califican de contramayoritaria, se centra dentro de otras cosas en que un tribunal que se encuentra en el exterior (no por ello suscriben a una idea antigua de soberanía), cuyos miembros no son elegidos por el pueblo- al igual que todo el Poder Judicial pero con menos cercanía-, no pertenecen a la cultura ni viven las consecuencias de sus sentencias, pueden declarar por ejemplo que una norma dictada por la mayoría en el parlamento es violatoria de los derechos humanos, inferir que el Estado no tiene una política pública en algún tema específico y que por ello es responsable, o en otro sentido, puede condenar en sumas de dinero a reparar una determinada violación.
Es importante destacar que en muchos casos, estas facultades solo recaen en manos de los poderes políticos y ni siquiera pueden ser revisadas por el PJ (aunque esto tal vez esté cambiando de a poco).
Documentos recomendados:
Gustavo Arballo, hizo un excelente análisis sobre la Corte IDH y C lo comentó, sin poner su nombre pero Dupin, luego y sin saber que C se trataba de su próximo compañero bloguero también dejo su comentario. Al otro día, C, dice: “che, era yo el del Blog de Arballo”.
Bueno, esta anécdota nos trae a nuestro próximo post. El sistema Interamericano de Derechos humanos y la legitimación democrática.
El sistema Interamericano de Derechos Humanos fue y es un gran avance para el cumplimiento de los deberes estatales en los temas referidos a las violaciones de derechos humanos pero desde cierta parte de la academia se lo considera antidemocrático o en el mejor de los casos, con un déficit democrático.
La tensión que encuentran, los que llamaremos demócratas radicales, y califican de contramayoritaria, se centra dentro de otras cosas en que un tribunal que se encuentra en el exterior (no por ello suscriben a una idea antigua de soberanía), cuyos miembros no son elegidos por el pueblo- al igual que todo el Poder Judicial pero con menos cercanía-, no pertenecen a la cultura ni viven las consecuencias de sus sentencias, pueden declarar por ejemplo que una norma dictada por la mayoría en el parlamento es violatoria de los derechos humanos, inferir que el Estado no tiene una política pública en algún tema específico y que por ello es responsable, o en otro sentido, puede condenar en sumas de dinero a reparar una determinada violación.
Es importante destacar que en muchos casos, estas facultades solo recaen en manos de los poderes políticos y ni siquiera pueden ser revisadas por el PJ (aunque esto tal vez esté cambiando de a poco).
Documentos recomendados:
24 de julio de 2007
Publicidad Oficial: es un afano, suspendanlon....
Para quienes creemos que la prensa tiene un papel relevante en una democracia, ciertas columnas de “opinión” nos llaman, por lo menos, la atención. Un –excelente- ejemplo de esto es la columna de Verbitsky publicada por el boletín oficial.......perdón error de tipeo, léase: diario Página 12 el día domingo 22/08 (somos muy obvios....).
En esta columna, Verbitsky defiende a Romina Picolotti diciendo que el diario “Clarín” DEBIO DECIR sus negociados con el gobierno, que él, gran inquisidor, enumera en detalle. Por supuesto, con un importante –y pésimo- grado de retórica sofista Verbistky concluye esa sección diciendo que “nada de esto invalida la investigación periodística sobre la secretaría ambiental, pero no es la mejor práctica sustraer del conocimiento del lector datos tan relevantes”. Claro, Horacio, hay cosas que deben decirse, coincidimos, ¿pero cuáles?
HV no se queda allí, sigue diciendo que, en realidad, “Perfil” (y, en éste, Jorge Lanata) ataco a Micelli, porque este periódico es “ninguneado” (término utilizado por el brillante comunicador H.V.) por el gobierno en relación a la publicidad oficial. Es interesante lo que dice HV sobre Micelli: “el ministerio de Economía estuvo por primera vez en manos de alguien cuya preocupación central pasaba por los trabajadores y que llegó a ese cargo sin vinculación previa con las grandes empresas, sus cámaras patronales u organismos internacionales aliados. Quienes compartían esa perspectiva oscilan entre la pena y la indignación hacia la ex ministra”.
Lo que nos llama poderosamente la atención y que seguramente Don Horacio olvidó decir es que “Página 12” es el PRIVILEGIADO POR EL GOBIERNO en la repartición de los montos de publicidad oficial (ver informe de la ADC "Censura sutil" y el informe de la Relatoría por la Libertad de Expresión de la OEA donde dice que el actual Gobierno “pro derechos humanos y patrocinado por HV” frenó tres proyectos de ley que sobre este problema).
No, HV, no sentimos ni pena ni indignación......se llama vergüenza, se llama cansancio de que nos tomen por pelotudxs.
En esta columna, Verbitsky defiende a Romina Picolotti diciendo que el diario “Clarín” DEBIO DECIR sus negociados con el gobierno, que él, gran inquisidor, enumera en detalle. Por supuesto, con un importante –y pésimo- grado de retórica sofista Verbistky concluye esa sección diciendo que “nada de esto invalida la investigación periodística sobre la secretaría ambiental, pero no es la mejor práctica sustraer del conocimiento del lector datos tan relevantes”. Claro, Horacio, hay cosas que deben decirse, coincidimos, ¿pero cuáles?
HV no se queda allí, sigue diciendo que, en realidad, “Perfil” (y, en éste, Jorge Lanata) ataco a Micelli, porque este periódico es “ninguneado” (término utilizado por el brillante comunicador H.V.) por el gobierno en relación a la publicidad oficial. Es interesante lo que dice HV sobre Micelli: “el ministerio de Economía estuvo por primera vez en manos de alguien cuya preocupación central pasaba por los trabajadores y que llegó a ese cargo sin vinculación previa con las grandes empresas, sus cámaras patronales u organismos internacionales aliados. Quienes compartían esa perspectiva oscilan entre la pena y la indignación hacia la ex ministra”.
Lo que nos llama poderosamente la atención y que seguramente Don Horacio olvidó decir es que “Página 12” es el PRIVILEGIADO POR EL GOBIERNO en la repartición de los montos de publicidad oficial (ver informe de la ADC "Censura sutil" y el informe de la Relatoría por la Libertad de Expresión de la OEA donde dice que el actual Gobierno “pro derechos humanos y patrocinado por HV” frenó tres proyectos de ley que sobre este problema).
No, HV, no sentimos ni pena ni indignación......se llama vergüenza, se llama cansancio de que nos tomen por pelotudxs.
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